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Los intérpretes de lengua de signos que prestan sus servicios en centros educativos sostenidos por la Comunidad de Madrid exigen ser reconocidos como trabajadores de estos centros y quedar adscritos al título V del convenio Colectivo.
De este modo, se regirían por contratos fijos ordinarios de 30 horas semanales, y no por fijos discontinuos como sucede en la actualidad.
Con este objetivo, representantes del Comité de Empresa y de los trabajadores se concentraron ayer, martes, frente a la Consejería de Educación, protesta que repetirán hoy, miércoles, a las 17.00 horas.
Además, los intérpretes realizarán paros este martes, hoy miércoles y el jueves, y anuncian nuevas convocatorias en junio si no llegan a un acuerdo.
Según la secretaria general de la federación de enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, “el Gobierno de Ayuso no está considerando este servicio como esencial para garantizar el derecho a la educación de los alumnos que lo necesitan.
“La manera en que lo gestionan genera gran rotación de plantillas y precariedad, que afectan a la calidad del servicio”, denunció.
A su juicio, “el motivo de no reconocer a los intérpretes como trabajadores de centros educativos es claro: las empresas quieren hacer contratos fijos-discontinuos al personal que presta el servicio de interpretación en los centros públicos y concertados de la Comunidad de Madrid”.
Se evitan con ello “pagar durante el verano las vacaciones generadas por ser trabajador de este tipo de centros”, prosiguió, “algo que Inspección de Trabajo está persiguiendo para evitar el abuso de contratos fijos-discontinuos en los centros educativos”.
Esta situación se ha repetido desde 2019 con cuatro empresas distintas, y “la consejería de educación mira para otro lado”, criticó Galvín.
El Comité de Empresa apuntó también que la memoria económica utilizada para el presupuesto de la Consejería de Educación “recoge que los trabajadores deben ser considerados trabajadores de centro educativo” y “especifica claramente que el presupuesto del contrato es suficiente para cubrir las vacaciones de la plantilla”.
Según Galvín, “no se comprende que esta partida presupuestaria de dinero público no sea destinada finalmente a aquello para lo que se previó”. “Si las empresas que han gestionado el servicio están cesando a los trabajadores durante el verano, entonces ¿dónde se está yendo el dinero presupuestado para el pago de las vacaciones? ¿Están destinados estos fondos a que estas empresas adjudicatarias puedan tener beneficios?”, inquirió.
