ESCUCHA MADRID / Servimedia
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) reclamó este miércoles el «despliegue» de la Ley de Vivienda y la «implicación» de las autonomías en este sentido.
Lo hizo tras reunirse con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el secretario de Estado, David Lucas, en un encuentro en el que analizaron los resultados del XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’, elaborado por la entidad y en el que se presentaban los gastos de vivienda como “generadores de pobreza”, según precisó la red en un comunicado.
La ministra dijo “compartir” la “preocupación” de EAPN-ES por la dificultad del acceso a la vivienda de las personas en situaciones de pobreza y/o exclusión social y mostró el apoyo de su departamento para favorecer el acceso a una vivienda digna, alineándose con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por su parte, el presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, Carlos Susías, celebró la “ambición” del Ministerio de cara a la articulación del próximo Plan Estatal de Vivienda y recordó la “importancia” de contar con la “perspectiva” de las personas en situación de pobreza en el diseño del mismo, para “garantizar medidas eficaces de inclusión”.
Según la red, los resultados del informe presentados a la ministra “demuestran” cómo el coste de la vivienda “se ha convertido en una problemática urgente para miles de hogares, especialmente si se vive de alquiler”.
“Desde 2008, el precio medio del alquiler se ha incrementado cerca de tres veces más que las rentas reales por persona, lo que supone un esfuerzo económico mayor y un agravante de la pobreza”, advirtió.
A la luz del informe, EAPN-ES trasladó al gabinete de Rodríguez una batería de medidas que ve “imprescindibles” para garantizar el derecho a una vivienda “digna y asequible a toda la población, especialmente a los hogares en situación más vulnerable”.
Entre ellas, demandó el despliegue de la Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada en 2023, que incluye la ampliación del parque público destinado a alquiler social y programas de lucha contra la exclusión residencial severa y estimó “imprescindible” la “implicación” de los gobiernos autonómicos y de las instituciones europeas, en el ámbito de sus competencias.
