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Las muertes por coronavirus en las residencias para personas mayores y que no fueron hospitalizadas entre marzo y abril de 2020 -cuando estuvo en vigor el protocolo de exclusión impuesto por las autoridades madrileñas- se situó por encima del 40% en la Comunidad de Madrid, mientras que en otros territorios se situó entre el 7,7% y el 25,9%.
Así consta en un estudio científico liderado por la epidemióloga María Victoria Zunzunegui, profesora jubilada de la Universidad de Montreal, en el que han colaborado el profesor en la misma institución François Béland, y Fernando García López, médico epidemiólogo del Centro Nacional de Epidemiología, cuyos resultados se han publicado en la revista internacional Epidemiología.
El trabajo lleva a cabo una revisión sistemática de la mortalidad por covid-19 en las personas que vivían en residencias entre marzo y abril de 2020 según el lugar de defunción.
Los autores del estudio ponen de manifiesto que se espera que la mortalidad de los residentes hospitalizados por coronavirus sea mayor que la de aquellos que no lo han sido, ya que la decisión de hospitalizar la toma el médico a partir del estado clínico de cada paciente.
En ese sentido, exponen que los pacientes con síntomas graves tienen mayor riesgo de morir, por lo que son hospitalizados, mientras que los pacientes con enfermedad leve pueden permanecer en su hogar –o en su residencia- y ser tratados ambulatoriamente.
En consecuencia, continúan, se espera que la mortalidad en los residentes hospitalizados por covid-19 sea mayor que la de los no hospitalizados. Así se constató en 11 estudios realizados en Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco. Sin embargo, en los estudios efectuados en Madrid los resultados fueron “contrarios a lo esperado”.
En uno de ellos los pacientes hospitalizados tuvieron la misma probabilidad de morir que los no hospitalizados; y en el otro, no se observan diferencias.
Así pues, los autores la investigación constatan que la mortalidad por coronavirus en los residentes que no fueron hospitalizados se situó en el 40,8% y el 46,7% en los dos estudios en la Comunidad de Madrid, mientras que en los 11 estudios realizados en otras comunidades autónomas osciló entre el 7,7% y el 25,9%.
A su vez, la mortalidad por covid-19 en los residentes hospitalizados fue del 27,7% y el 42,5% en los estudios de la Comunidad de Madrid, comparadas con la horquilla comprendida entre el 26,9% y el 66,6% en otros territorios.
Al margen del lugar de defunción, la mortalidad por covid-19 en los dos estudios de Madrid fue la más elevada: 36,8% y el 44,8%; mientras que fuera de Madrid osciló entre el 16,2% y el 32,2%.
La investigación evidencia que, paradójicamente, el porcentaje de hospitalizaciones en los estudios de Madrid fue alto: 31% y 46%. Nueve de los once estudios realizados en otras comunidades arrojan porcentajes menores, entre el 11% y el 29%, lo que pone de manifiesto que “el triaje en la Comunidad de Madrid no logró disminuir las hospitalizaciones”.
Estos datos permiten a los autores del estudio concluir que “en la Comunidad de Madrid no se permitió la derivación al hospital de muchos de los casos más graves que podrían haberse beneficiado de la atención hospitalaria, sino que se envió al hospital a aquellos con un mejor estado funcional”.
En Madrid, prosiguen los autores, “se aplicó el protocolo de exclusión de atención hospitalaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid a la población adulta mayor con discapacidad moderada y severa que vivía en las residencias de personas mayores”, a pesar de que “había alternativas, ya que se disponía de camas en los hospitales privados y en el hospital de campaña en Ifema”.
Ante esta situación, consideran que el objetivo de “los protocolos de triaje debe apuntar a salvar el máximo número de vidas», deben «ser elaborados por comités que incluyan expertos en ética y usarse sólo si no hay alternativas” y dejan claro que “no se deben utilizar exclusiones categóricas como el lugar de residencia, la discapacidad o la edad”.
Por último, reseñan que “se debe realizar una evaluación del triaje basado en la discapacidad de las personas que vivían en las residencias durante marzo y abril de 2020 en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid”.
