ESCUCHA MADRID / Servimedia
En España viven cerca de 80.000 mujeres de comunidades afectadas por la práctica de la mutilación genital femenina (MGF), de las que “alrededor” de 18.500 son niñas.
Así lo denunció este lunes la Red Estatal Libres de Mutilación Genital Femenina en un comunicado emitido coincidiendo con la celebración, este martes, del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina y en el que, por tercer año consecutivo, reclamó la articulación de un protocolo estatal “integral, multi e interinstitucional” que “garantice” la atención a las mujeres y niñas supervivientes de esta “violencia de género”.
En este contexto, la red, impulsada en 2019 por activistas, profesionales y expertas con el objetivo de abordar los “principales retos y necesidades” para la “erradicación” de la mutilación genital femenina, recordó la “responsabilidad” de las instituciones a la hora de “garantizar su abordaje”.
A su juicio, este debe “adaptarse” a la “evolución” de los casos y a la “realidad que viven las mujeres y niñas supervivientes de esta violencia de género”, así como a la de sus comunidades.
Durante el mes de febrero y con motivo de la visita de la delegación del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Grevio) para evaluar la implementación del Convenio de Estambul por parte de España, la red denunciará “todos los vacíos y la falta de recursos» que, a su entender, persisten en el «abordaje» de la mutilación genital femenina además del “incumplimiento sistemático” de las “obligaciones” por parte del Estado.
En este contexto, demandó un “compromiso formal y serio” de las instituciones en la “lucha” contra “todas las formas de violencia de género” y la “implicación” en la creación de políticas públicas y recursos que “garanticen la atención” a las víctimas.
“Uno de los principales vacíos es la ausencia de un protocolo estatal integral, multi e interinstitucional que garantice la atención a mujeres y niñas supervivientes y la evaluación del protocolo sanitario elaborado en 2015”, sentenció la red, convencida de que, a pesar de los “avances” legislativos en el marco de las “violencias sexuales”, sigue sin haber “procedimientos claros” en la “certificación” de esta práctica “ni garantías de que todas las mujeres y niñas supervivientes puedan acogerse a las medidas que reconoce la ley”.
Formación
Junto a ello, consideró que la “atención efectiva” a las víctimas requiere que las profesionales de los recursos de atención a la violencia, de salud, justicia o educación “estén debidamente formadas en violencia de género interseccional y mutilación genital femenina”, así como que conozcan los protocolos y las actuaciones que deben realizar y “con quién se tienen que coordinar”, algo que, advirtió, “no se está cumpliendo actualmente”.
Por último, subrayó que son las activistas, mediadoras interculturales y entidades especializadas las que “están dando soporte” a las mujeres y a las comunidades, “sin contar con recursos económicos estructurales”. “En este sentido, no hay un reconocimiento, ni una garantía de los servicios de mediación intercultural especializada en violencias de género y desde las instituciones se sigue solicitando el apoyo de voluntarios”, criticó, al tiempo que aseveró que esto sería “impensable en el abordaje de otras violencias de género”.
Con motivo de la efeméride, las entidades que forman parte de la Red Estatal Libres de MGF han organizado a partir de este martes un calendario de actividades en Madrid, Barcelona, Fuerteventura, Ciudad Real, Girona, Huesca, Málaga, Valencia y Zaragoza que incluye exposiciones, conferencias, jornadas informativas y de buenas prácticas, concentraciones, lecturas de manifiestos, encuentros, coloquios, proyección de documentales y debates entre supervivientes, activistas y especialistas de la MGF, una forma de violencia de género y una práctica global que afecta a más de 200 millones de mujeres y niñas en el mundo, según Unicef, y que está presente en más de 90 países, de los cuales solo 51 cuentan con leyes específicas que prohíben esta práctica en su marco jurídico nacional, según un estudio de la ONG Equality Now, End FGM European Network y US EndFGM).
