SERVIMEDIA / ESCUCHA MADRID
El Defensor del Pueblo se ha dirigido al Ayuntamiento de Madrid para que ponga «todos los medios a su alcance para que los derechos de los vecinos al descanso sean compatibles con el derecho de los hosteleros al uso y explotación de las terrazas» y para que, tras la entrada en vigor de una nueva ordenanza, el pasado febrero, “supervise de forma eficaz el cumplimiento, por parte de los titulares de las terrazas de hostelería, de los requisitos establecidos en la ordenanza para garantizar el descanso de los vecinal”. Para ello recomendó que se apruebe un plan de inspecciones programadas, sin previo aviso, y que ese plan se combine con inspecciones derivadas de las denuncias de los vecinos.
Además, instó a que “se habiliten nuevos medios para la inspección de las terrazas, en particular en zonas saturadas y en áreas de protección acústica especial. Y que se faciliten tanto la tramitación de las denuncias y los procedimientos sancionadores, como el restablecimiento de la legalidad urbanística y ambiental”. El Defensor del Pueblo indicó al Consistorio madrileño que desarrolle campañas de concienciación ciudadana para “fomentar comportamientos cívicos en los espacios públicos, especialmente los vinculados al uso de terrazas de hostelería”.
El Defensor del Pueblo remarcó que, a pesar de la entrada en vigor de las nuevas ordenanzas de terrazas, sigue recibiendo quejas de vecinos y colectivos vecinales.
“La instalación de terrazas exige que se habiliten medios suficientes para asegurar el cumplimiento de las condiciones impuestas por la normativa y las licencias de actividad, y garantizar así el respecto a los derechos de los vecinos, de manera que las molestias que genera la actividad se reduzcan lo necesario hasta alcanzar niveles soportables”, subrayó.
La oficina que dirige Ángel Gabilondo prosiguió que las actividades que la ciudad ofrece a sus habitantes y visitantes son una parte del motor económico que la sustenta, pero solo una supervisión adecuada del cumplimiento de las condiciones en las que deben prestarse evitará que el centro urbano se convierta en lugar inhabitable, por la imposibilidad de que los vecinos desarrollen su vida conforme a los derechos que la Constitución les garantiza.
