SERVIMEDIA
El secretario de Estado para la Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Enrique Santiago, se reunió este viernes con las entidades sociales que trabajan en la Cañada Real Galiana para analizar con ellas el desarrollo de los planes del Gobierno con el fin de realojar de familias en situación de vulnerabilidad social extrema.
Según apuntó Santiago, la competencia para solucionar el problema de infravivienda de la Cañada Real Galiana es de la Comunidad de Madrid, así como la falta de suministro eléctrico que sufren estas familias. «Aun con ello, desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se sigue impulsando soluciones al problema de vulneración de Derechos Humanos que existe en esta zona», indicó.
El pasado 30 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó la concesión directa de cinco millones de euros a los ayuntamientos de Madrid y Rivas Vaciamadrid para el realojo de estas familias. Siete meses después, 37 familias están ya en proceso de realojo.
El Ayuntamiento de Madrid ha estimado que 17 familias se beneficiarán de la iniciativa, de las que 13 ya han sido confirmadas para su reubicación en viviendas de los barrios de Villa de Vallecas, Villaverde, Usera y Carabanchel. Por parte de Rivas Vaciamadrid, son un total de 20 familias las que cumplen los requisitos y ya se ha dispuesto el realojo de 12 de ellas en vivienda pública del Ayuntamiento.
Santiago anunció que, dentro de los compromisos del grupo de trabajo interministerial, el Gobierno tiene prevista una inversión plurianual que acelere los realojos, a fin de garantizar «viviendas dignas a las población de la Cañada Real Galiana».
En el encuentro, celebrado hoy, participaron representantes de la Asociación El Fanal, Cáritas, Asociación Barró, Fundación Secretariado Gitano, Casa de la Paz y Unión Romaní. También estuvo presente el párroco de Santo Domingo de la Calzada, Agustín Rodríguez.
Santiago recordó que la competencia para solucionar el problema de infravivienda de la Cañada Real Galiana es de la Comunidad de Madrid, así como la falta de suministro eléctrico que sufren estas familias.
En la misma línea, y siendo competencia de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 viene impulsando soluciones a problemáticas similares como las que se desarrollan en Huelva con los trabajadores temporeros del campo.
