ESCUCHA MADRID / Servimedia
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, considera que «hay que generar la presión social, la demanda social», para que los gobiernos autonómicos del Partido Popular «entren en razón e intervengan», aplicando la Ley estatal de Vivienda, «para solucionar el que es uno de los principales problemas con los que se encuentra la ciudadanía».
Así lo postuló en una entrevista en Servimedia donde diagnosticó que «la vivienda es el principal problema social en España y debe ser abordada en una óptica integral», y que para ello se aprobó en la pasada legislatura la Ley de Vivienda, que «incluía algún algunas medidas ambiciosas». «Esta ley, lo primero que hay que decir es que debe aplicarse, hay que exigir a las comunidades autónomas que apliquen esta ley. Contamos por primera vez con mecanismos para poder intervenir en la regulación del precio de los alquileres, y es injustificable que no exista la voluntad política para aplicarla», denunció.
Para Bustinduy, «hay toda una serie de abusos por parte de grandes inmobiliarias, por parte de distintos actores, que deben cesar de inmediato en España; las prácticas que fomentan comportamientos especulativos en un ámbito de primera necesidad como es el de la vivienda». Según lo presentó, «esto es una realidad que afecta al conjunto de la población española y específicamente también a las personas con discapacidad» y a los jóvenes, y por tanto se ha de «ser ambiciosos en esta materia».
«En España se ha instalado un modelo rentista especulativo que hace que haya minorías que se están lucrando específicamente con la restricción al acceso a un bien fundamental y con la violación sistemática del derecho a la vivienda», señaló, pero puntualizó: «Igual que se dice esto hay que decir que existen mecanismos para poder abordar esta crisis, para empezar a abordarla».
Así, enumeró, «tenemos que construir viviendas públicas, tenemos que habilitar el parque de viviendas en desuso para que se pueda acceder a alquileres razonables, los poderes públicos tienen que intervenir para regular este mercado; hay que hacer un montón de cosas»,
«Pero lo primero», acotó, «es decir que tenemos una ley que no se está aplicando porque los gobiernos del Partido Popular en las comunidades autónomas no quieren aplicarla. Entonces, hay que ver qué se puede hacer». Y lo sugirió él mismo: «Hay que generar la presión social, la demanda social, para que estos gobiernos entren en razón e intervengan para solucionar el que es uno de los principales problemas, con los que se encuentra la ciudadanía. Hay que exigirlo, porque el instrumento existe, pero hay que aplicarlo».
