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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó este miércoles el proyecto de Ley de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad (Amapad), un organismo que sustituirá a la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos (AMTA), encargada hasta ahora de asumir las medidas de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas adultas, según manifestó su portavoz, Enrique Ossorio.
El nuevo texto, que consta de 36 artículos, adapta la regulación de la entidad pública a la Ley estatal 8/2021 y otros convenios internacionales que reflejan un avance en los derechos de las personas con discapacidad. La entrada en vigor de esta norma implicará la desaparición del concepto de incapacidad y de la figura de la tutela y la creación de un nuevo marco legal para la Amapad, adscrita a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.
Ossorio dijo que se centrará en el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas adultas que requieren apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, en la promoción de su participación en la toma de decisiones y en su máxima autonomía personal.
La nueva agencia tendrá como principales fines la defensa judicial de los residentes en la región a los que se haya iniciado un procedimiento de provisión de medidas judiciales de apoyo; y el ejercicio inexcusable de la curatela –figura legal que se define como la medida de atención a una persona que no cuenta con plena capacidad y requiere de asistencia continuada-.
También se encargará del desarrollo de actuaciones para que puedan ejercer su personalidad jurídica con el alcance que determine la autoridad judicial o el propio interesado en escritura pública; y la adopción de medidas de carácter urgente en los casos que lo requieran. Asimismo, se fomentará la integración y normalización de las personas a las que se preste atención y la información y comunicación a la ciudadanía sobre el nuevo sistema de apoyos.
Entre las novedades que se incorporan para avanzar en su bienestar y sus derechos está la creación de un comité de ética propio, el establecimiento de códigos de buenas prácticas y de buen gobierno o la constitución de una comisión específica para la participación de las personas con discapacidad apoyadas por la citada agencia.
La norma, cuyo trámite de audiencia e información pública incluyó por primera vez una versión en lectura fácil para su mejor comprensión por parte de los madrileños con discapacidad intelectual y del desarrollo o dificultades de comprensión lectora, se enviará ahora a la Asamblea de Madrid para su tramitación legislativa.
