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La Conferencia Episcopal Española (CEE) contabilizó el año pasado 186 nuevos testimonios relacionados con abusos, cometidos en el seno de la Iglesia entre 1950 y 2022. Los datos globales que han recopilado en los últimos tres años sobre casos desde 1945 ascienden a 706.
De los 186, 70 fueron comunicados en oficinas diocesanas y 116 en oficinas de congregaciones religiosas, según la información facilitada por el portavoz de la CEE, César García Magán, tras la reunión de la Comisión Permanente de los obispos españoles que ha tenido lugar esta semana en Madrid.
En relación al victimario, en los casos conocidos en 2022 hay 74 clérigos consagrados de órdenes religiosas, 36 clérigos diocesanos, 49 consagrados no clérigos y 27 laicos. Todos los victimarios son varones. De ellos han fallecido 90, 69 están vivos y no consta su situación en 27 casos.
En cuanto a las víctimas, 179 eran menores de edad en el momento en que se produjeron los hechos y en siete era equiparables legalmente a un menor. En la actualidad, 166 víctimas son mayores de edad, 16 son menores de edad y cuatro víctimas son equiparables legalmente a menores de edad. Asimismo, “de cada 10 casos 8 son varones”.
“En los sesenta y setenta hay un mayor número de denuncias”, con 110 casos, y en el 2022 se produjo “un repunte” (16), que los obispos entienden que se debe a que las víctimas tienen más vías para denunciar y también que hay una mayor difusión de estas informaciones en los medios.
García Magán apuntó que en España, según la Fiscalía, hubo 6.500 denuncias de abusos sexuales a menores en 2022, “una tendencia creciente en general”, que en el caso de la Iglesia se reflejó en 16 testimonios sobre casos de abusos.
706 testimonios
Los prelados matizaron que en los datos puede haber duplicidades, cuestión que el propio Defensor del Pueblo también les ha reconocido, dijo García Magán, durante la reunión «cordialísima» que mantuvieron con Ángel Gabilondo este miércoles. En ella le entregaron un informe de más de dos mil páginas que recopila los 706 testimonios recopilados en los tres últimos años por las más de 200 oficinas de atención a las víctimas implantadas por las diócesis y las congregaciones religiosas.
García Magán aseguró que la CEE ha presentado los datos al Defensor «de motu proprio», lo que no exime a las diócesis y congregaciones de entregar sus balances al equipo de Gabilondo en respuesta a la petición expresa que les ha hecho. En este punto, pidió a los obispos que colaboren con la investigación, aunque remarcó que ninguno de los prelados de la CEE está acusado de encubrir casos.
Por otra parte, el portavoz de los obispos informó sobre el refuerzo de la formación para frenar y atajar esta lacra en el seno de la Iglesia. Según dijo, el año pasado recibieron esa formación 100.000 niños y adolescentes «para que sean los propios chicos capaces de detectar esa situación y que le ayuden y notifiquen esos casos», que remarcó, «no sólo» se producen en el colegio. También recibieron formación 21.000 profesores, 18.000 padres. En el ámbito parroquial, se formó a 5.000 monitores, casi 3.000 catequistas y 2.724 sacerdotes.