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El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha remitido un informe al Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa en el que reitera que la situación en la Cañada Real Galiana (Madrid), “sobre todo” en los sectores V y VI, es “insostenible, de emergencia humanitaria” y “requiere una solución urgente, por, entre otras carencias, la falta de suministro eléctrico”.
Así lo precisó este martes esta institución en un comunicado en el que subrayó que el envío de esta información a instancias europeas es la “respuesta” a una petición formulada por el Comité Europeo de Derechos Sociales, que “atiende” una “reclamación” de varias organizaciones respecto a la situación que, desde otoño de 2020, “padece” este asentamiento poblacional ubicado en la Cañada Real Galiana, a “pocos kilómetros” del centro de la capital de España.
“Los vecinos de este lugar han pasado los tres últimos inviernos sin suministro eléctrico”, denunció, al tiempo que explicó que en el escrito se “detallan” los antecedentes históricos de la Cañada Real Galiana, los orígenes del asentamiento poblacional, las leyes autonómicas que lo regulan y las administraciones «implicadas».
Además, se enumera “con detalle” las gestiones realizadas desde que, el 19 de octubre de 2020, un grupo de vecinos de la Cañada Real registrase en el Defensor del Pueblo una “queja” por el corte del suministro eléctrico.
Tras recordar que los sectores más afectados -el V y el VI- se encuentran en los términos municipales de Madrid y Rivas-Vaciamadrid, la institución puntualizó que allí viven más de 4.500 personas, “muchas» en situación de «vulnerabilidad”, incluyendo a personas mayores, enfermos crónicos y menores.
El informe, remitido a finales de marzo, enumera las “diversas recomendaciones” emitidas desde el organismo a las administraciones “afectadas” y al Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana, creado ‘ad hoc’ en diciembre de 2015 con el objetivo de coordinar a administraciones y entidades “implicadas” en esta zona.
En este punto, el Defensor del Pueblo agregó que en el documento también se informa al Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa de que, el 17 de mayo de 2017, se firmó el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana para buscar la “solución más favorable» para el asentamiento «irregular» de la Cañada Real Galiana, «ponderando los intereses y derechos que sean de carácter general”. Y que, tras la firma del Pacto, en la Asamblea de Madrid, se comenzó a ejecutar un plan de choque que contemplaba «mejoras» en una serie de servicios en los sectores I a V y el realojo para el sector VI.
Actuaciones
A este respecto, el Defensor también señaló que, a raíz de la primera queja, en octubre de 2020, por corte de suministro eléctrico de carácter general, desde este organismo se iniciaron “actuaciones” ante la Dirección General de Industria, Energías y Minas.
“Tras alegar la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, de la que dependía esa Dirección General, que la empresa distribuidora de electricidad en la zona argumentó que los cortes se produjeron para garantizar la seguridad de las personas y los bienes ante el riesgo que podrían generar las sobrecargas, el Defensor del Pueblo emite las primeras recomendaciones solicitando el restablecimiento del suministro eléctrico”, abundó, para indicar que hizo llegar dicha “recomendación” a “todas las administraciones implicadas” y que, posteriormente la trasladó, también, al Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana.
Junto a ello, en 2022, se reunió con asociaciones de vecinos afectados y con el propio Comisionado que “generaron nuevas recomendaciones”.
Así, el pasado mes de diciembre, el Defensor del Pueblo instó a “restablecer” el suministro eléctrico con “carácter de urgencia” y reiteró a todas las administraciones implicadas que la energía eléctrica “es esencial para la protección de la salud de las personas y, en consecuencia, de sus vidas y que es un derecho reconocido en el artículo 43 de la Constitución”.
“También lo es, entre otros, el derecho a la vida y a la integridad física (artículo 15), la protección de la familia y de los menores (artículo 39) y de la tercera edad (artículo 50)”, sentenció.
Además, recordó que la electricidad también “es necesaria para garantizar el derecho a la educación, que consagra el artículo 27 de la Carta Magna” y que su falta “afecta al desarrollo educativo de los menores que residen en la Cañada Real y a la integración social”.
En este contexto, el Defensor del Pueblo demandó entonces “más proactividad de las administraciones y organismos implicados en la resolución de este problema”.
Al entender que la situación se encuentra “enquistada”, la institución ha propuesto que, hasta que no se adopten las “soluciones definitivas” en la Cañada Real, como es el realojo, en el caso del sector VI, se “estudie” aplicar una “solución transitoria”, que, a su juicio, “pasaría por la concesión de títulos habilitantes, que permita solicitar la contratación provisional del suministro eléctrico”.
Una propuesta que, según su punto de vista, “aliviaría temporalmente el problema”, y que, avanzó, está siendo “estudiada” por las administraciones “implicadas”.
