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La fiscal Lorena Álvarez Taboada ha sido nombrada por su institución como nueva delegada en Madrid del área de Discapacidad y Mayores, que se encarga de la supervisión de los derechos de estos colectivos.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes un decreto con la designación de Álvarez Taboada y que firma el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Álvarez Taboada se postuló para el cargo tras quedar vacante y su nombre fue propuesto por la fiscal de sala Coordinadora de los Servicios Especializados en la Protección de las Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra.
Según el BOE, la candidata propuesta fue la “única peticionaria para el puesto y su solicitud fue elevada para su evaluación y se destacó la disposición de la aspirante “para asumir esta responsabilidad, así como los méritos que le hacen idónea para desempeñar el cargo”.
La figura del Fiscal de Sala Coordinador de los servicios especializados en la protección de personas con discapacidad y atención a los mayores fue creada por el Real Decreto 255/2019, de 12 de abril.
«Remover obstáculos»
Según explica la Fiscalía General del Estado en su web, el área que ahora dirige Segarra «se encarga de remover obstáculos que impidan a personas con discapacidad y mayores el acceso a recursos, interesar resoluciones administrativas de reconocimiento de derechos, resolver conflictos burocráticos, o remitir a las autoridades administrativas los asuntos que precisen de su amparo, entre otras».
Para ello, la Fiscalía incoa las llamadas diligencias preprocesales, a fin de conocer las circunstancias de las posibles situaciones de desamparo de personas mayores o con discapacidad que se ponen en conocimiento a través de servicios sociales, de ciudadanos y de asociaciones y ONGs con las que tiene suscritos convenios de colaboración, como Cruz Roja o Cermi. Tras las averiguaciones oportunas, en que tiene la potestad de requerir el auxilio de las autoridades, funcionarios, organismo y particulares, las diligencias pueden concluir con solicitud de intervención sanitaria o social, demanda de evaluación de la capacidad de autogobierno u otras.
Destaca la incoación de diligencias preprocesales civiles para especial seguimiento de la situación de las residencias, sobre todo aquellas con mayor número de contagios y fallecimientos, a fin de impulsar la adopción de las medidas oportunas por parte de las administraciones competentes u cualesquiera otras intervenciones necesarias.
El Ministerio Público destaca que, por parte de los fiscales, existe una «continua solicitud de actuaciones inspectoras de las administraciones competentes» sobre lo que pasa en las residencias de mayores. Se apunta que esta es una de las «carencias más importantes» que existían antes de la creación de esta unidad especializada.
