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El exconsejero madrileño de Políticas Sociales Alberto Reyero aseguró este jueves que confirmará al juez la existencia de los protocolos de derivación de la Comunidad de Madrid en residencias durante la primera ola de la pandemia, que limitaban el traslado de mayores con fuente discapacidad o con más edad y que, según estudios recientemente publicados, dispararon la mortalidad por covid en las residencias madrileñas.
Reyero compareció el pasado 23 de marzo ante el juez de Instrucción número 9 de Madrid que investiga una querella de Mareas de Residencias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y varios exconsejeros de su Gobierno por delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y delito de prevaricación.
Ahora ha sido citado por el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, a cargo del juez Marcelino Sexmero, que instruye una causa sobre las muertes ocurridas en una residencia privada de Arganzuela. El juez tiene programadas este jueves las declaraciones de tres responsables de la citada residencia.
También están citados a declarar el exdirector general de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur, y la exdirectora de Salud Pública Yolanda Ramos, que comparece por primera vez en relación con los protocolos que limitaban la derivación de ancianos a los hospitales.
A su llegada a la sede judicial, Reyero reiteró que confirmará al juez la existencia de los citados protocolos que dejaron a su suerte a miles de mayores, que ni siquiera tuvieron los recursos para evitar situaciones de sufrimiento ante la muerte. El exconsejero ratificará que ese protocolo distinguía a los mayores por su grado de dependencia y no garantizaba su traslado al hospital cuando no tenían un seguro sanitario privado.
El pasado marzo, el exconsejero subrayó que las personas que ocupaban las residencias «quedaron abandonadas a su suerte» durante la primera ola de la pandemia de covid-19 por culpa de los protocolos de derivación implementados desde la Administración autonómica.
Según su relato, estas directrices fueron «de exclusión» y en virtud de ellos «se excluía a las personas en función de su situación de dependencia o discapacidad». «Eso impidió que se les atendiera en los hospitales y ocasionó que las personas que se quedaron en las residencias fallecieran en unas condiciones que yo considero indignas», recalcó el exconsejero.
Durante la presentación de su libro Murieron de forma indigna, el exconsejero relató ya que en los primeros compases de la pandemia no fue convocado a una reunión el 11 de marzo de 2020 con miembros del Gobierno como Javier Fernández-Lasquetty y Antonio Burgueño, donde se tomaron una serie de medidas, entre ellas la medicalización de residencias.
«Al día siguiente se creó el protocolo. El primer protocolo fue el día 18», señaló. El extitular regional de Políticas Sociales señaló que comprobó los detalles de ese protocolo el 21 de marzo.
Ronda de declaraciones
Estas citaciones forman parte de una ronda de declaraciones fijadas por el juez que comenzaron ayer miércoles con la comparecencia de las directoras de las residencias Adolfo Suárez, de la Comunidad de Madrid, y Amavir Arganzuela. Ambas declararon en condición de investigadas y aseguraron que esos protocolos existieron y se aplicaron en las residencias.
Según su relato, la responsabilidad última de la derivación de los residentes era de los geriatras de los hospitales, que decidían si procedía la derivación o no, en función del nivel de dependencia y del deterioro cognitivo, según explicó al finalizar las declaraciones el abogado de las familias denunciantes, Andrés Ollero.
Según explicó, los citados admitieron que los residentes con deterioro cognitivo severo o con alto nivel de dependencia no eran trasladados al hospital en virtud de las instrucciones de la Comunidad de Madrid, sin que los responsables de las residencias o su personal facultativo tuviera ningún margen de maniobra.
