SERVIMEDIA
Unos 2.500 policías, según fuentes oficiales, se manifestaron este sábado en Madrid contra la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘ley mordaza’, que se encuentra en trámite parlamentario a pesar de que es “lesiva” y “no representa los intereses” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, señalaron los manifestantes.
Así lo expresó la plataforma convocante de la manifestación, Jusapol, bajo la que se sustenta tanto el sindicato mayoritario de la Policía Nacional –Jupol– como la asociación profesional de la Guardia Civil –Jucil-, ambos presentes en la concentración.
El presidente de Jusapol, Miguel Gómez, calificó de “lesiva” la reforma que el Gobierno nacional pretende llevar a cabo, y detalló que “lo peor” es la “falta de medios materiales” y que en las movilizaciones “no haya una previsión”. Con estas declaraciones, denunció una de las novedades que introduciría la reforma, al permitir que en las manifestaciones esporádicas no sea necesaria una comunicación previa.
Gómez afirmó que la reforma planteada “no representa los intereses” de la vida profesional y personal de los policías, así como “de todos los ciudadanos”. “En las manifestaciones esporádicas no se podrá hacer un grupo operativo”, criticó, a lo que se suma “que nos quieran quitar las pelotas de goma” como material antidisturbios, lo que impide poder “defender las instituciones con pocos materiales antidisturbios. “La salud física y mental de los policías se va a ver perjudicada”, sentenció.
En ese posicionamiento ideológico se situó el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, quien coincidió en que la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana está basada en “intereses partidistas”, usada por el Gobierno central para “mantenerse en el poder”. Con estas modificaciones, aseguró, “España va a ser más insegura”, ya que una manifestación “se puede volver violenta en cualquier momento, y hay que comunicarla”.
El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, pidió por su parte que el Gobierno “cuente con el apoyo de los policías”, porque son ellos quienes entienden la ley y la aplican. “No entendemos el carácter ideológico de esta ley”, dijo en referencia a que el Ejecutivo nacional debe “sentarse a negociar los extremos de esta normativa”.
Los portavoces argumentaron que se trata de una ley que quiere crear “un ambiente en contra de los policías” y cambiar “la buena imagen policial”. En ese sentido, lamentaron que “esto va a ser una semilla que va a germinar”, si la reforma finalmente se lleva a cabo.
Pelotas de goma
La marcha se inició a las 12 horas del mediodía en la Plaza de Neptuno, y paró a las puertas del Congreso de los Diputados. Bajo el lema ‘¡Por una España más segura!’ y con gritos de «Marlaska dimisión» y «Sánchez a prisión», los manifestantes tiraron pelotas de goma como reclamo a que uno de los puntos de la reforma contra la que se manifiestan es retirar las pelotas de goma del material antidisturbios.
Con una gran pancarta en la que se leía ‘Esta ley nos desprotege a todos, no a esta reforma’ en la cabecera de la manifestación, a las puertas del Congreso los manifestantes cargaron contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusaron de no cumplir con su trabajo ni hacer su deber. «No se puede jugar con la seguridad de nuestros ciudadanos», le reclamaron.
Al finalizar el recorrido en la Plaza de Cibeles, la plataforma convocante leyó el manifiesto. En él, exigieron que «independientemente de quien gobierne» las calles deben «ser seguras», «al margen de ideologías». De esta forma, aseveraron que convocaron la marcha para «decirle a Pedro Sánchez» que la reforma de la ‘ley mordaza’ es «un fracaso total y absoluto».
Sin acuerdo
El pasado mes de febrero, la reforma de la ‘ley mordaza’ superó la fase de ponencia en la que se encontraba en la Cámara Baja, pero no los desacuerdos entre los socios parlamentarios que ya existían en varios de sus artículos. Los seis grupos parlamentarios partidarios de modificar la norma son PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts.
Así, esta ponencia para la reforma aprobó el nuevo texto, que pasará a debatirse en la Comisión de Interior, pero se mantienen los principales desacuerdos entre los socios parlamentarios, en particular ERC y EH Bildu, que avanzaron que no le darán su apoyo al resto de grupos si no se atienden sus demandas.
Este documento, que salió de ponencia tras años de reuniones y negociaciones, no incorpora ningún acuerdo sobre los artículos bloqueados, en este momento en cuanto al material antidisturbios en las manifestaciones, las multas por faltas de respeto a la autoridad y las devoluciones en caliente.