ESCUCHA MADRID / Fuente: Cadena SER
La cadena SER informa hoy de que la Plataforma Femar, que suministró coliflor con moho y patatas podridas a residencias de mayores y jamón con moho y chorizo con listeria a residencias infantiles, ha sido multada nuevamente. El motivo es que ha enviado a los centros de menores más comida en mal estado y ha roto en algunos envíos la cadena de frío.
Según revela hoy la SER, la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid dice en su acta de denuncia: «El pasado 11 de julio envió huevos podridos y agusanados y una lata de atún perforada con pérdida de aceite a la residencia infantil Las Azaleas de Colmenar Viejo. El día 21 de julio, a la residencia infantil Nuestra Señora de Lourdes llegaron huevos con suciedad en la superficie, color oscuro y mal olor. Antes, el 4 de mayo, se recibieron 2 cajas de 25 kilos de mandarinas ‘en condiciones no adecuadas’, en el centro de primera acogida Isabel Clara Eugenia que está en Madrid y, en junio, llegaron al centro de primera acogida de Hortaleza nectarinas en mal estado y piña, también en mal estado, a la residencia infantil Arganda del Rey. Por todo esto ha recibido una multa de algo más de 2.853,01 euros».
Además, la empresa suministradora de alimentos Plataforma Femar llevó el pasado mes de junio a la residencia de primera infancia El Valle gelatinas caducadas dos meses atrás, por lo que se le ha puesto una penalización de 374,22 euros, y de 703,42 y 383,16 euros por romper varias veces la cadena de frío al enviar congelados a centros de menores de Madrid capital, Arganda y Leganés. Según la cadena SER, la empresa, pese a que lleva más de un año con este servicio y a que ya recibió otra multa en 2022 por entregar alimentos que no estaban bien refrigerados, asegura que quiere comprar dos camiones para llevar los productos congelados.
A pesar de todas estas irregularidades, tan peligrosas para la salud, la Plataforma Femar volvió a hacerse el pasado mes de octubre con el contrato para suministrar la comida las 22 residencias infantiles públicas, en las que comen entre 600 y 800 niños y niñas, algo que la Consejería de Asuntos Sociales justifica con que «la ley de contratos del sector público no impide que se vuelva a contratar a quien se ha sancionado y que los alimentos en mal estado se detectaron antes de que se sirvieran a los menores».
