ESCUCHA MADRID
MADRID, 1 DE ABRIL DE 2022. La Consejería de Familia, Juventud y Políticas Sociales del Gobierno de la Comunidad de Madrid es, con diferencia, uno de los puntos de distribución de ayudas públicas de mayor impacto en nuestro territorio.
Según los datos consignados en el plan estratégico de subvenciones vigentes, más de 41 millones de euros van a parar cada año a ONGs, entidades sin ánimo de lucro, federaciones y fundaciones que atienden a más de 310.000 personas vulnerables, receptores de la renta mínima de inserción o el ingreso mínimo vital en los 179 municipios de Madrid.
De estas ayudas destaca la convocatoria que se nutre de la recaudación de la casilla social que, cada año, supone una inyección de fondos decidida libremente por toda la ciudadanía.
Estos fondos, recaudados por el Estado, pasan a las comunidades autónomas, gestionando la Comunidad de Madrid más de 30 millones transferidos por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a la Consejería dirigida por la popular Concepción Dancausa.
Es esta Consejería la que pretende cambiar toda la normativa que ha regulado desde que en 2017 se hicieran cargo de su distribución y reparto, como ya anunciaron en la pasada reunión de la Mesa de Diálogo con la sociedad civil, máximo órgano de trabajo entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Tercer Sector de Acción Social.
el equipo de Dancausa pretende limitar las convocatorias y agruparlas bajo una misma normativa, suprimiendo ayudas y otras líneas de trabajo que podrían “poner en peligro la continuidad de programas, planes y servicios que llevan décadas prestándose en la Comunidad de Madrid”
A raíz de estos cambios, el equipo de Dancausa pretende limitar las convocatorias y agruparlas bajo una misma normativa, suprimiendo ayudas y otras líneas de trabajo que desde las entidades representativas del tercer sector, consideran, podrían “poner en peligro la continuidad de programas, planes y servicios que llevan décadas prestándose en la Comunidad de Madrid”
Desde entidades como la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid se ha iniciado una ronda de trabajo con los partidos políticos y sus máximos dirigentes para trasladar su preocupación por el peligro que supone una transformación “arriesgada y radical que no cuenta con el consenso de las entidades sociales” y que, a su juicio, supondría la supresión de programas y la reconversión, sin ningún tipo de mecanismo de ayuda, de sistemas de trabajo que llevan consolidados más de dos décadas.
Por ello, se ha iniciado una ronda de trabajo con las formaciones políticas para pedir que se retrase estos cambios y se busque el consenso con el tercer sector, al tiempo que para denunciar que, de acometerse, se pone en peligro el trabajo de más de 200 ONGs y entidades sin ánimo de lucro y su aportación a la cohesión social.
