ESCUCHA MADRID
A petición del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, representada por su secretario técnico, Rafael Escudero, compareció este lunes, 17 de octubre, en la Sesión de la Comisión de Familia y Política Social de la Asamblea de Madrid para valorar el Proyecto de Ley 13/2022 RGEP, definido como «Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid».
«Lo primero que debemos preguntarnos», comenzó Escudero, «es si este proyecto de ley es necesario. Evidentemente, lo es. Tras veinte años, la comunidad de Madrid necesita una nueva ley de servicios sociales, eso nadie lo discute. El problema, como todo en esta vida, son los detalles, y los detalles, en una cuestión como esta, nunca son un elemento baladí». Sobre estos detalles, el secretario técnico de la Coordinadora del Tercer Sector puso como ejemplos «el cómo o el qué se deja a disposición del reglamento y, por tanto, de la capacidad de la administración pública, para proceder en un sentido u otro», así como «que se incorporen elementos como el copago o que se genere una bifurcación entre prestaciones garantizadas y condicionadas».
«tenemos que dejar claro que en esta normativa vemos huecos muy graves para las personas más vulnerables»
Rafel Escudero (C3SCM)
«Nosotras, como Coordinadora del Tercer Sector», dijo Rafael Escudero, «tenemos que dejar claro que en esta normativa vemos huecos muy graves para las personas más vulnerables» y culpó de ellos a la «carga ideológica» de la que el proyecto de ley adolece. «Nuestro papel es ayudar al Gobierno», continuó el compareciente, «pero es que en esta ley no hay elementos que nos permitan realizar ese papel técnico, que no ideológico, de apoyo a las instituciones, porque nuestro papel como órgano consultivo es residual, porque nuestra capacidad para ejecutar propuestas es nula y porque, además, no contamos con mecanismos ágiles que protejan la diferencia que representa una entidad sin ánimo de lucro de la iniciativa privada».
Por esto, el secretario técnico de la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid calificó la nueva Ley de Servicios Sociales como «la ley de las medias verdades», ya que «incorpora elementos necesarios, pero las soluciones, o no las da, o las plantea a medias».
Rafael Escudero concretó: «Nosotras reclamamos no sólo una ley que pueda durar los años suficientes, sino también una ley que garantice la gratuidad de los servicios sociales y el reequilibrio territorial, para el que hubiera sido mucho más fácil que esta ley condicionara los criterios de reparto de futuros fondos, creara vías de plurianualidad y garantizara la periodicidad de los servicios», algo que, explicó el representante de la Coordinadora del Tercer Sector madrileño, «no tiene que hacerse sólo por la vía del reglamento: hay abundantes ejemplos de otro tipo de marco normativo en los que se condiciona qué se puede y qué no se puede hacer, y eso es lo que no hace esta ley».
«sólo hemos sido oídos a los efectos de cinco minutos en una reunión y hasta luego, y eso no es dialogar»
Rafael Escudero (C3SCM)
A continuación, el compareciente recordó que esta nueva Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid «la empezó el Gobierno del Partido Popular con Ciudadanos, luego la cogió esta consejería, la recortó como vio conveniente y la ha presentado utilizando las vías de diálogo previas como si se hubieran mantenido, y no ha sido así, pues sólo hemos sido oídos a los efectos de cinco minutos en una reunión y hasta luego, y eso no es dialogar».
Para finalizar, Escudero enumeró lo que las organizaciones del Tercer Sector le reclaman al Proyecto de Ley 13/2022 de Servicios Sociales: «Menos referencias al ámbito reglamentario; nuevos criterios para el reparto de fondos; un concierto social que respete la singularidad del Tercer Sector y las entidades sin ánimo de lucro (sin dejar por ello de lado a la iniciativa privada); que cada vez que se apueste por una ventanilla digital se dé una alternativa presencial y asistida para nuestros mayores, para la población vulnerable y para las personas con necesidades especiales; que se garantice la isonomía territorial, de tal forma que los municipios con menor capacidad de gasto puedan tener garantizada la suficiencia económica para hacer viable ese catálogo de servicios sociales, que está bien codificar, pero que está mejor financiar».
Así mismo, el secretario técnico de la Coordinadora del Tercer Sector especificó lo que no es necesario: «Una complejidad burocrática adicional que sitúa en un futuro nunca alcanzable un presupuesto que necesitamos en el hoy», tras lo cual pidió a la Asamblea de Madrid que «aborde con la suficiente altura de miras este debate» a fin de conseguir «un bien básico como es el de la asistencia a las personas que más lo necesitan».
