ESCUCHA MADRID / Servimedia
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha advertido al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, de las “enormes dificultades” a las que está sujeta la implantación del programa de tarjetas monedero para la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad por parte de familias vulnerables y le urge a “rectificar”.
Así lo subraya en una carta en la que le solicita la convocatoria “con carácter urgente” de una reunión extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia con el fin de “dar solución, de forma coordinada y sin más dilación”, a los, a su juicio, “innumerables problemas detectados” para el acceso a los alimentos y productos básicos de las familias “más vulnerables en nuestro país”.
“No hacerlo sería una irresponsabilidad por parte del ministerio y un fraude con tantos miles de personas que necesitan nuestra ayuda”, aseveró, al tiempo que expresó a Bustinduy su “preocupación” ante la “imposibilidad” de poner en marcha el programa de tarjetas monedero que, dijo, “es mayor cada día que pasa”, según le han «transmitido» administraciones, técnicos, entidades y familias vulnerables.
En este contexto, defendió que se trata de un sistema que, “de primeras, está abocado al fracaso”, dado que, a su entender, “deja sin posibilidad de obtener alimentos al 70% de las personas vulnerables, como así lo han manifestado los propios bancos de alimentos”.
En paralelo, agregó que, “ahora, además, se le suma una nueva brecha en la cobertura territorial, al no disponer de la misma siete de cada ocho municipios”, tal y como ha denunciado la Federación Española de Municipios y Provincias en una misiva dirigida al gabinete de Bustinduy.
Abril
“Todo ello, a pesar de que el Real Decreto 93/2024 de 23 de enero decía que el nuevo sistema se implantaría en el mes de abril de 2024 y se haría en todo el territorio, en igualdad de condiciones para todas las personas y familias posibles beneficiarias de esta asistencia», abundó.
Junto a ello, recordó que este Real Decreto se dictó “al amparo de la competencia exclusiva del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, conforme al artículo 149.1.1ª de la Constitución Española”.
Tras indicar al ministro que aún “hay tiempo para rectificar y dar cumplimiento a los derechos constitucionales mencionados”, consideró que “no es casualidad que todavía no se haya puesto en marcha el sistema anunciado, aunque su departamento lo haya publicitado”.
“Es más, tras la reunión, el pasado viernes, del grupo de trabajo técnico formado por las comunidades autónomas y su ministerio para tratar precisamente este asunto, quedaron patentes las enormes dificultades que impiden dar comienzo a la implantación del nuevo modelo”, insistió, para agregar que la “negativa” a participar en dicho grupo de trabajo de los representantes de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE), dependientes del gabinete de Yolanda Díaz, “no hace sino aumentar aún más la incertidumbre y el caos ante la ausencia de respuestas”.
