ESCUCHA MADRID / Servimedia
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos ha llamado a concentrarse el próximo viernes en Madrid con el fin de imposibilitar el desahucio de Verónica y su familia, en cuyo contrato de alquiler la casera “obligó a firmar una cláusula abusiva” por la que “renunciaban a la intervención de la Justicia y se sometían al procedimiento de arbitraje”, por lo que no existen “garantías de defensa”.
Según informó este miércoles el sindicato, Verónica, su hija menor de edad y su madre llevan viviendo en la misma casa de la calle Isla de Arosa, 35, durante seis años y no han dejado de pagar “en ningún momento”.
La organización denunció que el contrato de alquiler se ha acabado y la casera pretende “ganar 300 euros más al mes sin importar si esto significa dejar a una familia en la calle”. Recalcó que los rentistas “son una lacra social porque su único propósito es hacer negocio con nuestros hogares”.
La organización señaló que, frente a esta situación, la alternativa de los Servicios Sociales ha consistido en ofrecer un geriátrico para la madre de Verónica y una habitación para ella y su hija.
En este sentido, subrayó que Verónica, a pesar de tener ingresos de 1.400 euros al mes, “no ha sido capaz de encontrar otra vivienda a la que mudarse con su familia, porque no logra superar los ridículos requisitos que las agencias inmobiliarias y los caseros han normalizado en los últimos años”.
Sobre la cláusula que la casera habría obligado a firmar en el contrato de alquiler, el abogado del Sindicato de Inquilinas, Víctor Palomo, denunció que el procedimiento de arbitraje “no tiene las mismas garantías procesales que un juzgado” pues cuando llega la demanda sólo hay “siete días naturales para reaccionar”. “No tienes las garantías de defensa, no puedes pedir justicia gratuita”, señaló.
Para el sindicato, esta fórmula “vulnera directamente todos los derechos de Verónica a defenderse de esta injusticia, una táctica más que demuestra las prácticas sin escrúpulos de muchos caseros en nuestro país”.
Administración
El Sindicato de Inquilinas denunció que la propiedad “no es la única responsable de esta situación”, pues esta situación “muestra muy claramente que el Gobierno de coalición lleva años incumpliendo sus promesas en materia de vivienda”.
Así, recordó que el pasado mes de diciembre se extendió la suspensión durante 2024 de los desahucios sin alternativa habitacional, un acuerdo que “no se aplica en muchas ocasiones y que queda flagrantemente violado en casos como el de Verónica”.
Además, subrayó que la nueva Ley de Vivienda establece también “supuestas medidas para situaciones de desahucio sin alternativa habitacional y el caso de Verónica evidencia, una vez más, cómo esta ley es papel mojado y no enfrente el problema real de vivienda”.
