ESCUCHA MADRID / Servimedia
La Abogacía del Estado ha presentado ya las alegaciones para solicitar que se levante el veto judicial a las exhumaciones del Valle de Cuelgamuros.
Este recurso fue comunicado este miércoles en el Pleno del Congreso por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien intervino en una interpelación de ERC sobre el «despliegue y desarrollo» de la Ley de Memoria Democrática.
Según informó este ministerio, Torres explicó que la Abogacía del Estado ha solicitado formalmente el levantamiento del veto judicial que paraliza las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros. Esta petición se produce tras la medida cautelarísima dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Nº 11 de Madrid el pasado 14 de diciembre.
Política Territorial argumenta que el familiar de la persona recurrente no se encuentra entre los restos donde actualmente se trabaja. También se alega que la suspensión afecta gravemente tanto a los intereses generales como a los familiares de las personas inhumadas en Cuelgamuros. Estos últimos buscan recuperar los restos mortales de sus antepasados, derecho que les ha sido reconocido tanto judicial como administrativamente.
591 exhumaciones
En su intervención en el Congreso, Torres reafirmó su compromiso con la Ley de Memoria Democrática, que en poco más de un año ha permitido 591 exhumaciones y la recuperación de más de 4.500 restos mortales. Además, se han emitido 275 declaraciones de reparación de víctimas y se han retirado 33 títulos nobiliarios otorgados durante la dictadura.
El ministro destacó la importancia de los esfuerzos pedagógicos para comprender la necesidad de justicia hacia las víctimas de la represión franquista. Contrapuso esta necesidad a la postura del PP, acusándolo de alinearse con la ultraderecha para derogar leyes autonómicas de memoria histórica. «Hay principios inamovibles: verdad, justicia y reparación. Luchamos por la España que nuestros hijos se merecen», afirmó Torres.
Torres recordó que la ley condena el golpe de estado y la dictadura franquista y promueve la restitución de la memoria y dignidad de las víctimas. Hizo hincapié en que esta normativa no solo persigue actitudes antidemocráticas, sino que también fomenta valores constitucionales, ampliando así la Ley de Memoria Histórica de 2007.
El ministro subrayó los avances en España en torno a los principios de verdad, justicia y reparación, junto con valores como la concordia y pluralidad política. Reiteró su compromiso con el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática, basada en derechos humanos.
A pesar de un año complejo políticamente, Torres aseguró que se ha progresado significativamente en el reconocimiento y recuperación de víctimas y desaparecidos, desmintiendo narrativas falsas sobre su destino. La ley ha permitido avanzar en la recuperación histórica y personal para muchas familias.
