SERVIMEDIA
La Plataforma Verdad y Justicia denunció este jueves que los tribunales han vuelto a «dar la espalda a los mayores» y a negar «la necesidad de medicalizar las residencias» tras lo ocurrido durante los peores meses de la pandemia de covid-19.
En un comunicado, esta Plataforma explicó que reacciona «con sorpresa e incredulidad» a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) respecto al recurso interpuesto por los Ayuntamientos de Alcorcón y Leganés «contra la inactividad de la administración de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias en los centros para mayores».
«En esos dos municipios las cifras fueron terribles. El 23,9% de los residentes murieron en Alcorcón (163 de los 682 mayores registrados), donde solo 35 de los 163 fallecidos fueron llevados al hospital. Mientras que en Leganés fallecieron según los datos oficiales 271 personas, que son el 20,8% del total de residentes del municipio. De esos 271 solo 68 fueron trasladados al hospital (25%). Unas cifras similares a otros centros según el estudio de la propia plataforma», aseguró.
Por ello, considera que el auto del tribunal, con el voto particular en contra de dos magistradas, «sigue en línea con la actuación que, hasta ahora, ha tenido la Justicia ante la muerte de 7.291 personas en las residencias de la Comunidad de Madrid. Un número totalmente elevado comparado con otras comunidades autónomas, provocado por la falta de asistencia médica adecuada para los mayores con el único criterio de exclusión hospitalaria que el residir en una residencia o no tener seguro médico privado».
Lamentó que «decenas de querellas individuales han sido desestimadas. Otras tantas denuncias hechas por auxiliares, enfermeras o personal de las residencias tampoco han tenido el amparo de la Justicia. Ahora hace lo mismo antes las evidencias de que las situaciones que se vivieron en Madrid en la primera y segunda ola en los centros de mayores deberían haberse evitado».
«No entendemos cómo un tribunal como el TSJM puede validar con su auto la actuación de la Comunidad de Madrid. Considera que fueron ‘simples promesas electorales’ el anuncio de medicalizar las residencias de mayores y valida que la Comunidad de Madrid anunciara que los residentes contagiados iban a ser atendidos en las mismas residencias. Algo que se ha considerado por expertos que aumentó el número de contagios y el alto número de muertes», precisó.
Además, destacó el voto particular de las magistradas que, a su entender, sí asumen que la Comunidad de Madrid incumplió no sólo las órdenes del Ministerio de Sanidad sino también sus mismas disposiciones públicas al no “medicalizar” las residencias.
«Consecuencias atroces»
Desde la plataforma Verdad y Justicia se pregunta si los magistrados han tenido en cuenta estas circunstancias. «La no medicalización unida al veto de los mayores procedentes de residencias para ingresar en los hospitales madrileños tuvo consecuencias atroces. De las 7.291 personas que fallecieron por esta exclusión, donde solo 5.795 de ellos tenían covid. La plataforma coincide con Marea de Residencias al preguntarse si los magistrados han ‘olvidado’ los recursos que la propia Comunidad presentó en la misma sala del TSJM para retrasar las medidas cautelarísimas y frenar así las medidas urgentes de asistencia que se pedían desde los ayuntamientos».
Una reclamación, apunta, que no ha terminado, ya que actualmente son 17 los ayuntamientos madrileños los que piden de manera formal que se haga una investigación de lo ocurrido en las primeras olas de la pandemia, «ya sea en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid que se cerró precipitadamente ante la llamada a elecciones de Isabel Díaz Ayuso o en los tribunales». “Los fiscales no investigan y los jueces están archivando las querellas presentadas por los familiares, confiamos en que prosperen los recursos presentados por el Ayuntamiento de Leganés y Alcorcón contra este auto del TSJM”, sentencia.
La Plataforma Verdad y Justicia, explican, está compuesta por ciudadanos a título personal, entre los que se encuentran familiares de personas fallecidas en residencias por covid, trabajadores de estos centros «que vivieron en primera línea la dejadez de su seguridad y trabajo», familiares de otros residentes que pudieron sobrevivir y numerosos ciudadanos «que quieren que se conozca la realidad, que haya justicia y responsabilidades por la mala gestión y, sobre todo, que no pueda volver a pasar una situación así», y en esa labor ha recibido el apoyo de partidos políticos, sindicatos, asociaciones y personalidades.
