SERVIMEDIA / REPORTAJE
Tener una discapacidad y que sea reconocida oficialmente por las autoridades requiere un proceso administrativo un tanto laborioso y que puede demorarse en el tiempo. En España son las comunidades autónomas las que evalúan y reconocen la existencia de una discapacidad a través de su sistema sanitario, excepto en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla donde depende directamente del Imserso.
Este certificado es un documento oficial que acredita la condición legal de una persona con discapacidad, a la que además se asigna un grado concreto en función de las consecuencias que tiene sobre su vida y autonomía. Como ventajas, abre la puerta al usuario a acceder a determinados beneficios sociales y ayudas económicas.
Este reconocimiento y el proceso para obtenerlo están regulados por el reciente Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
El grado se evalúa en los centros indicados de cada comunidad autónoma teniendo en cuenta un baremo estatal y en esta valoración se tienen en cuenta tanto las discapacidades de la persona interesada como las condiciones de su entorno socioeconómico, según establece el artículo 5 del real decreto. Superada la evaluación, el reconocimiento del grado de discapacidad tiene validez en todo el territorio del Estado y se adquiere el certificado que lo avala.
El certificado de discapacidad puede ser expedido únicamente por las comunidades autónomas y por el Imserso, en el caso de residir en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Sirve para certificar que una persona ha pasado por un reconocimiento administrativo en el que se le reconoce oficialmente tener una discapacidad.
En el certificado tiene que figurar el porcentaje de grado de discapacidad, si es una persona con movilidad reducida y si la discapacidad es temporal o permanente. En este certificado también debe figurar si la persona debe pasar revisión o no y cuándo deben ser dichas revisiones. El certificado tiene validez en todo el territorio nacional.
Pasos para solicitarlo
Para pedir el certificado de grado de discapacidad, hay que tener reconocido el grado de discapacidad en la comunidad autónoma en la que se solicita. Si no, primero debe solicitarse el traslado del expediente a la comunidad en que se desee pedir.
En caso de que existan dudas, el primer paso puede ser acudir al departamento de servicios sociales del ayuntamiento, comunidad autónoma u hospital. También es posible acudir a los centros base de atención a personas con discapacidad más cercanos al solicitante, que suelen realizar la evaluación de la persona analizando los efectos de la discapacidad sobre su vida.
La evaluación del grado de discapacidad tiene en cuenta varios factores, según el real decreto aprobado en 2022. En concreto, tiene presente la deficiencia (pérdida de una estructura o función corporal), la limitación (capacidad o aptitud teórica para realizar una actividad), el desempeño (realización real de una actividad en su entorno) y los factores contextuales ambientales.
Tras analizar estas circunstancias, se asigna un porcentaje de discapacidad a partir del 33%, que es el mínimo establecido para reconocerse esta circunstancia.
Posteriormente, el implicado debe rellenar la solicitud de reconocimiento del grado de discapacidad y presentarla en el organismo competente en materia de servicios sociales indicado en cada comunidad autónoma. También se puede presentar la solicitud de forma presencial. En Madrid, por ejemplo, se realiza el trámite en el centro base de atención a personas con discapacidad que le corresponda por situación geográfica.
La solicitud debe ir acompañada de diversos documentos, como por ejemplo recoge la Junta de Andalucía: informes médicos y psicológicos actualizados que avalen la discapacidad alegada, tarjeta sanitaria, DNI y fotocopia de la persona solicitante o de su representante legal si lo tiene y copia del certificado de empadronamiento.
Además, si el solicitante ya tiene una discapacidad reconocida por la Seguridad Social, debe adjuntar una fotocopia de la resolución de la Comisión de Evaluación de Incapacidades. Y si afronta el proceso con motivo de una revisión por agravamiento o mejoría, hay que presentar los informes que acreditan dicho agravamiento.
Beneficios de tener el certificado
Contar con este certificado da derecho a determinadas ayudas y ventajas en distintos ámbitos, tanto de competencia estatal como ofrecidas por las comunidades autónomas.
Para empezar, da acceso a ayudas económicas en determinadas circunstancias, como la pensión de invalidez, o al aumento de las mismas si se conceden por otro motivo, como las pensiones de viudedad u orfandad.
También da acceso a algunas exenciones fiscales, por ejemplo como una reducción del IVA en la adquisición de bienes necesarios para la movilidad de personas con movilidad reducida (prótesis o sillas de ruedas entre otros).
Las personas que cuentan con un certificado de discapacidad tienen descuentos varios en los títulos de transporte público, pueden solicitar la Tarjeta Europea de Estacionamiento y un servicio de acompañamiento para los viajes en avión, entre otras ayudas para favorecer su movilidad.
Existe otro apartado de ayudas que tienen que ver con la vivienda y los suministros, como un cupo específico en planes de vivienda o la toma en cuenta de esta circunstancia en el cómputo de la renta para acceder a ellos, el acceso al bono social para la tarifa eléctrica o la oferta por parte de las teleoperadoras de servicios y terminales adaptados.
En cuanto a la faceta laboral, el certificado de discapacidad permite el acceso tanto a formación como a puestos de trabajo en organismos públicos que reservan un determinado porcentaje de plazas (un 2% a partir de los 50 trabajadores) para personas con este certificado. También hay incentivos para la contratación de estos trabajadores en empresas privadas, subvenciones para iniciar una actividad como autónomos y ferias de empleo específicas. En determinadas situaciones la edad de jubilación puede adelantarse.
Para niños, jóvenes y adultos con discapacidad que estén estudiando existen también algunas ayudas como equipos de orientación y apoyo, profesorado con formación para la enseñanza del alumnado sordo, adaptación de las pruebas de acceso a la universidad, becas y exenciones en el pago de tasas universitarias.
Otro tipo de ventajas son las enfocadas al desarrollo de la autonomía personal, que van desde la teleasistencia y los centros de atención, las viviendas comunitarias, servicios de intérpretes a lenguas de signos o la atención temprana a niños menores de 6 años con problemas de desarrollo.
