ESCUCHA MADRID / Servimedia
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Agrupación de Periodistas de la UGT y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, han denunciado y condenado este miércoles el comportamiento de la Comunidad de Madrid contra periodistas de elDiario.es, El País y Silvia Intxaurrondo, de TVE.
Condena de la FAPE
«La Comunidad de Madrid ha difundido la identidad y una fotografía de dos periodistas de El País insinuando falsamente una conducta delictiva de estos informadores en un momento en el que Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, está siendo cuestionada por el presunto fraude fiscal que ha confesado su pareja, Alberto González Amador», explica la FAPE, que recuerda que este hecho se suma al protagonizado por el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, que hace una sema amenazó con «triturar y cerrar» a elDiario.es y, que además, «ha filtrado una información falsa, según la cual, periodistas de este medio intentaron entrar por la fuerza en una vivienda de la presidenta madrileña. Tampoco podemos olvidar las graves acusaciones de Rodríguez contra Silvia Intxaurrondo, acusándola de cobrar en B, algo que la propia periodista de Televisión Española ha desmentido con un comunicado pidiendo a todos los medios que lo publicaron que se retractaran».
Para FAPE, «es intolerable que se intente amedrentar a los profesionales de la información en el ejercicio de su labor, que no es otra que la de informar verazmente sobre hechos de interés público. En los últimos tiempos, estamos presenciando determinados comportamientos impropios de una sociedad democrática, en los que las amenazas y coacciones a periodistas; los bulos y las informaciones falsas para restar credibilidad a los medios y sus profesionales; y la complicidad de otros medios de comunicación, periodistas y actores mediáticos, colaboradores necesarios para que se difundan este tipo de noticias falsas que atacan directamente a la libertad de prensa, han pasado a ser la norma».
Por esto concluye que «no se silencia la verdad amenazando a periodistas» y señala que «además de repudiar este tipo de conductas, ponemos a disposición de los periodistas y medios de comunicación agraviados nuestros servicios jurídicos para emprender cuantas acciones legales consideren oportunas en la vulneración de sus derechos, e instamos de nuevo a los representantes públicos, independientemente de su ideología, a que cesen el acoso contra periodistas y respeten su labor profesional, amparada por la Constitución. Asimismo, hacemos un llamamiento para terminar con la crispación política».
Condena de la Agrupación de Periodistas de la UGT
La Agrupación de Periodistas de la UGT ha mostrado su apoyo a los periodistas de El País y elDiario.es «ante la información falsa enviada por la Comunidad de Madrid con la intención de intimidarlos», en la que se les acusa de intentar acceder a la vivienda de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y acosar a sus vecinos.
La organización añadió que «los periodistas tienen que ejercer sus funciones en libertad sin ningún tipo de amenazas».
Por su parte, elDiario.es, a través de su director, Ignacio Escolar, negó los hechos y aseguró que acusar a periodistas de este medio de comunicación «de asaltar viviendas de forma violenta y encapuchados» demuestra «también su nerviosismo».
Además, indicó que sus trabajadores «se encontraban en un lugar público» y afirmó que «ha sido Miguel Ángel Rodríguez personalmente el que ha filtrado esos nuevos bulos a algunas redacciones».
En la misma línea, El País reprochó al Gobierno madrileño haber filtrado los nombres y unas fotografías de dos de sus periodistas «con la finalidad de intimidar a la prensa en un momento en que la presidenta regional se encuentra cuestionada por el presunto fraude fiscal de su pareja».
Explicó que los dos reporteros «fueron identificados por un policía cuando trataban de verificar los indicios sobre una supuesta obra ilegal en la residencia» donde viven González Amador e Isabel Díaz Ayuso.
Condena de Unai Sordo (CCOO)
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, calificó este miércoles de «absolutamente reprochable» la «persecución» y «difamación» que en su opinión está llevando a cabo la Comunidad de Madrid con periodistas de eldiario.es y de El País, en medio de algunas informaciones que relacionan a la pareja de Isabel Díaz Ayuso con un presunto fraude fiscal antes de que ellos iniciaran la relación sentimental.
Así lo puso de relieve Sordo en declaraciones a los medios antes del Consejo Confederal de CCOO, un marco en el que indicó que los periodistas están simplemente informando sobre un caso que parece que tiene «mucha tela que cortar».
A su juicio, el Gobierno madrileño está poniendo en cuestión «el compromiso verdadero de estas autoridades públicas con la tan traída y tan llevada libertad, con la libertad de información y con la libertad de prensa».
Sobre las informaciones que se están publicando, Sordo aclaró que su función no es «entrar en ese juego» de pedir o no dimisiones, aunque precisó que «lo que está sucediendo es bastante grave en dos terrenos». Y lo es, en su opinión, porque «se está queriendo mezclar todo» al intentar dar la misma entidad al ‘caso Koldo’ que el rescate de una aerolínea y la actividad de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para el líder sindical, intentar plantear que esto último es un caso de corrupción es «una marcianada».
Además, denunció que en la Comunidad de Madrid, en lo peor de la pandemia y con profesionales jugándose la vida, se cobraron «comisiones absolutamente abusivas por no hacer nada en la compraventa de mascarillas» y que «no contentos con eso» se realizaron facturas falsas para pagar menos impuestos.
«Me parece un escándalo esto y que cualquier responsable político se pueda dedicar a defender eso, por la simple razón de que tiene una relación con una persona que objetivamente ha protagonizado un hecho de corrupción o al menos de no cumplimiento fiscal», profundizó Sordo.
Con todo, asumió que «seguramente» Ayuso no tiene ninguna implicación penal en el caso de su pareja, pero avisó: «Aquí no es todo consecuencia penal. A mí me parece muy gordo lo que se está sabiendo».
