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La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, anunció este lunes que la Junta de Gobierno Local que tendrá lugar hoy aprobará una proposición para instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la “urgente e inmediata” intervención en la residencia pública de mayores de la localidad “para una adecuada y digna atención a sus residentes”.
“Las residencias públicas de nuestros mayores son uno de los pilares esenciales del Estado del bienestar y deberían ser una garantía de atención digna y adecuada a los usuarios”, señaló la alcaldesa en relación con las noticias publicadas sobre la situación de la residencia pública de personas mayores ubicada en la ciudad.
Concretamente, en dicha propuesta se insta a la Comunidad de Madrid a la urgente e inmediata intervención e inspección en la residencia con el fin de subsanar las deficiencias existentes y la adecuación de los recursos materiales, humanos y organizativos que garanticen una atención y cuidados dignos.
Además, se solicitará el acceso a la residencia pública a la alcaldesa y a las concejalas de Mayores, Cultura y Participación Ciudadana, y Servicios Sociales y Salud Pública para visitar a los usuarios del centro.
En el caso de que las condiciones de atención y cuidado a los mayores residentes no se mejoren de forma inmediata y urgente, se estudiará emprender medidas legales que sean oportunas para garantizar una atención justa, digna y adecuada a las necesidades de las personas mayores allí residentes.
De Andrés recordó que no es la primera vez que el Ayuntamiento de Alcorcón demanda una solución a la falta de personal humano y material en esta residencia. “Preocupados por la información que aportaban familiares y trabajadores de dicha residencia, ya denunciamos en el pleno de julio de 2019 la precaria situación y el caos de atención y de organización en diversos aspectos”, apuntó.
La regidora señaló como principales deficiencias en aquel momento la falta de personal de atención directa a los residentes con ratios no adecuados; la deficiente organización de la dispensación de medicación que derivaba en errores detectados por los familiares o los propios residentes; la alteración de los horarios de aseo y de la dieta que conllevaba falta de higiene y mala alimentación; y el descuido en las instalaciones en limpieza, estado de las infraestructuras, o deficiencias en servicios de lavandería.
“Ya entonces instamos a la Comunidad de Madrid a la dotación de personal suficiente para garantizar, según su grado de dependencia, la atención a todos los residentes con las condiciones y ratios de personal de atención directa adecuados y establecidos según los criterios de calidad asistencial”, indicó antes de añadir que, “además, instamos a que se pusiera en marcha el Comité de Ética Asistencial propio de la residencia”.
“No hay que olvidar que, pocos meses después la pandemia empeoró la situación, ya que golpeó de forma dramática estos centros; por ello, ante las informaciones que alertaban de situaciones alarmantes solicitamos en reiteradas ocasiones a la Comunidad de Madrid la medicalización de la residencia”, recordó, “ante el caso omiso se procedió a la interposición de medidas cautelarísimas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fueron aceptadas”.
Hace escasamente unas semanas, el Pleno del mes de septiembre volvió a insistir a la Comunidad de Madrid a que cumpliera con sus obligaciones como competente en materia de servicio de atención a los mayores en los centros residenciales, vigilando permanentemente y con los medios adecuados para un correcto funcionamiento del centro público. Además, “se solicitaba que se evitara la incuria, el abandono y el maltrato que se estaba produciendo, golpeando a un sector vulnerable”.
Por último, “la falta de adopción de medidas de mejora, el silencio obtenido en las continuas demandas y las graves denuncias de trabajadores, familiares y residentes sobre su grave abandono y desatención, nos empujan a seguir defendiendo los derechos de nuestras personas mayores”, comentó la alcaldesa, quien concluyó diciendo que su Gobierno seguirá demandando una “atención digna y de calidad” y exigiendo una respuesta a la Comunidad, administración competente, por todas las vías posibles, incluida la legal si es necesario.
