ESCUCHA MADRID
La consejera de Familia, Juventud y Política Social delegó en su viceconsejero, Luis Martínez-Sicluna, al objeto de informar al Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid sobre las actuaciones que se están llevando a cabo en relación con el artículo 70 de la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia, concretamente al respecto de la Diócesis de Alcalá de Henares, «donde desde hace 3 años se están haciendo terapias de conversión a personas homosexuales a través de una psicóloga no colegiada y así lo han reconocido en prensa», según palabras de Paloma García Villa, diputada de UP, quien le recordó que «en Madrid hay una ley aprobada desde 2016 que contempla como ‘infracción muy grave’ la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona», un delito contra el que, dijo, «la Comunidad de Madrid no ha aplicado ningún tipo de sanción».
Expedientes sancionadores
El viceconsejero, tras leer detalladamente varios artículos de la ley citada, se refirió a los expedientes sancionadores y de infracción llevados a cabo: «en 13 se ha considerado que se trata de supuestos de libertad de expresión; en 19 se ha considerado que no existen indicios de prueba de la infracción; en 8 no se han podido identificar a los autores; en 11 se ha considerado que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción tipificada en las leyes LGTBI; para 6 se ha propuesto la apertura de un periodo de información previa para el esclarecimiento de los hechos, y 1 está pendiente de informe», tras lo cual procedió a detallar la cantidad de sanciones impuestas y gravedad de los delitos por año desde el 2016, sin citar el caso de Alcalá de Henares.
García Villa, tras leerle, por su parte, a Martínez-Sicluna el testimonio de un chaval de 17 años víctima de una de esas «terapias», reiteró su pregunta: «¿Por qué al Obispado de Alcalá no lo han llegado a sancionar?». «La Comunidad de Madrid», añadió, «no se puede poner de perfil ante estas barbaridades. Dígame realmente para dónde van, si realmente están ustedes con las leyes para proteger a las personas LGTBI o le van a seguir haciendo el juego a la extrema derecha».
Declaraciones de Paloma García Villa a ESCUCHA MADRID.
‘No son delitos’
La parlamentaria de Vox, Alicia Verónica Rubio Calle, tomó la palabra para manifestar que «el problema de esta ley, que nosotros queremos derogar, es que es una ley con un montón de privilegios para un colectivo, por encima del resto; una ley que se ha inventado una serie de infracciones que no son delitos, pero que así los impone un grupo que tampoco representa a todos», criticando a continuación las multas «desorbitadas» simplemente por insultar. «El problema es», añadió, «que estas leyes son absolutamente innecesarias». En relación a las terapias de ‘cura’, Rubio Calle defendió la libertad de acudir a ellas y aseguró haber oído testimonios de personas «a las que les ha funcionado».
En su turno, el diputado socialista Santi Rivero, tras calificar de «barbaridades» las posturas de Vox, se centró en el motivo de la comparecencia ante el viceconsejero de Familia y Políticas Sociales, haciéndole partícipe de los objetivos del coaching de identidad del Obispado complutense: Descubrir, resolver y consolidar el aspecto de la identidad de la persona que por diferentes motivos no se han desarrollado adecuadamente. Homosexualidad: ayudamos a la persona a explorar su identidad y comprender las causas de su confusión, objetivos que, según Rivero, «si no son contrarios a lo que dice la Ley 3/2016 que baje Dios y lo vea, nunca mejor dicho».
Declaraciones de Santi Rivero a ESCUCHA MADRID.
Obligación con la ley
Seguidamente, Eduardo Fernández Rubiño, de Más Madrid, le aseguró a Vox que «existe una violencia específica contra las personas LGTBI, que ustedes niegan, por eso se hace un régimen sancionador, para pararle los pies a esto». Fernández Rubiño mostró su sorpresa por el hecho de que, tras varias sanciones anteriores por delitos relacionados con la LGTBIfobia llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid, esos expedientes sancionadores «terminan a partir de 2020», preguntándose a continuación si es que a partir de ese año «ya no hay LGTBIfobia en Madrid, nadie ha denunciado ningún hecho de este tipo, ¿o es que ustedes han pasado directamente a no cumplir con su obligación con esta ley?».
Declaraciones de Eduardo Fernández Rubiño a ESCUCHA MADRID.
Repugnancia
A continuación, en representación del Grupo Popular, tomó la palabra Jaime Miguel de los Santos González, quien anunció que hablaría «como gai militante y como creyente y católico, quede claro» y mostró su «repugnancia» por toda violencia que se ejerza contra cualquier persona, «pero no mezclemos, no intentemos convertir a la Iglesia en algo que no es, porque, si algo es, es un ejemplo en su labor pastoral, pero también asistencial». De los Santos manifestó que «efectivamente hace falta una ley estatal que hable de LGTBIfobia». En relación a las sanciones, dijo no saber «si son muchas o pocas, no seré yo quien opine si es muy alta o muy baja la cuantía», y seguidamente decidió dejar de ser «un diputado respetuoso con lo que debería ser mi obligación, porque hay una cuestión que tiene que ver con la historia, porque a los que queremos a personas de nuestro mismo sexo se nos ha condenado, se nos ha increpado, y hasta el año 90, éramos enfermos psiquiátricos, así que entenderán que esto nos haga, como poco, especialmente sensibles».
En su turno de respuesta a los grupos parlamentarios, el viceconsejero Luis Martínez-Sicluna quiso dejar claro «el compromiso de la Consejería de Familia, Juventud y Políticas Sociales con el cumplimiento de la ley, de todas las leyes» y se comprometió a «dar trámite a todas las denuncias que se presenten, porque esta ley ha nacido para defender al colectivo LGTBI y es un objetivo que nosotros compartimos».
