ESCUCHA MADRID
El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid se reunió este viernes con actores sociales implicados en infancia y servicios sociales para recoger sus demandas y presentarlas mediante enmiendas a las leyes de servicios sociales y de infancia del Gobierno regional. En la reunión participaron Juan Lobato, portavoz socialista en la Asamblea; Jesús Celada, portavoz adjunto; Lorena Morales, portavoz de servicios sociales; y los diputados Santiago Rivero y Sonia Conejero.
El portavoz de los socialistas madrileños, Juan Lobato, trasladó a los presentes el objetivo de la reunión: «Hacer una oposición dura y contundente, porque es nuestro trabajo, pero, a la vez, y siempre, una oposición constructiva y leal con los ciudadanos, poniendo sobre la mesa propuestas concretas y reales que ayuden a solucionar sus problemas», tras lo cual agradeció el trabajo y la implicación de las distintas entidades «para elaborar conjuntamente esta propuesta de ley que viene a denunciar y a poner en evidencia el proyecto que presenta el Partido Popular, con todas las carencias y limitaciones que tiene, frente al modelo alternativo, serio y bien armado que nosotros proponemos».
«esta propuesta de ley viene a denunciar y a poner en evidencia el proyecto que presenta el Partido Popular, con todas las carencias y limitaciones que tiene»
Juan Lobato (PSOE Madrid)
Por su parte, Lorena Morales, quien calificó de «nefasta» la Ley de Servicios Sociales que ha presentado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, así como de «insuficiente» la Ley de Infancia, advirtió que «las cuentas son las que son en los números de la Asamblea y va a ser muy difícil que nuestro proyecto alternativo, por el que vamos a pelear, llegue a alguna parte». No obstante, la diputada socialista indicó: «Todas vuestras sugerencias para las enmiendas parciales van a ser importantes, porque a lo mejor ahí, luchándolo mucho, podemos hacer que mejoren esas leyes del PP, así que os tendemos la mano como vehículo para que esas modificaciones a ambos proyectos de ley lleguen a la Asamblea de Madrid, las podamos debatir y tratemos de que las que más impacto tienen en la ciudadanía se aprueben y hagan mejores esos proyectos».
Intervenciones
Javier Rodríguez, concejal de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Arganda del Rey: «El proyecto de ley de la Comunidad, aparte de carente de fondos, de objetivos y de modelo de intervención, a lo municipios nos genera bastante inseguridad, porque nos carga de responsabilidades que son propias de la Comunidad de Madrid y no se nos asegura una financiación adecuada para abordarlas».
Miguel Roldán, concejal de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Loeches: «El desajuste es bestial. Con esta ley que pretende el Gobierno tenemos un problema importante, porque nos deja al pie de los caballos, y de ella depende que la ciudadanía pueda tener un ayuntamiento sensible o no, que también los hay».
Julia Almansa, vicepresidenta de la Plataforma del Tercer Sector: «La ley nos parecía necesaria, pero es absolutamente insuficiente, por eso hemos presentado ya hasta 50 propuestas que la Comunidad no ha recogido; ahora hemos presentado 23 enmiendas, tanto de modificación como de ampliación, pero no se tiene en valor al Tercer Sector, no se le considera agente de trabajo».
«Con esta ley que pretende el Gobierno LOS MUNICIPIOS tenemos un problema importante, porque nos deja al pie de los caballos»
Miguel Roldán (Ayuntamiento de Loeches)
Sergio López, presidente del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid: «Nosotros queremos centrarnos en la Ley de Infancia. Creemos que toda la infancia tiene derecho a formar parte de las juntas directivas de asociaciones infantiles y juveniles, y este es un derecho que actualmente se está vulnerando. A través de esta ley se debería reconocer y fortalecer y garantizar su cumplimiento».
Amaia Echevarría, de la Unión de Asociaciones Familiares: «Queremos denunciar que esta ley está mal definida, es insuficiente y además está mal redactada, una cuestión de forma que a nosotras nos parece importante, y es que la ley no está escrita con lenguaje de género, lo que nos parece increíble, sobre todo en un sector en el que la mayoría de los trabajadores son mujeres».
Beatriz Peñalver, concejala de Juventud e Infancia en el Ayuntamiento de Fuenlabrada: «Antes de redactar el anteproyecto se reunieron con varios consejos de infancia y adolescencia de la Comunidad de Madrid; lo primero que les pidieron es que no se utilizara la palabra «menor», que se refirieran a ellos como «niños, niñas y adolescentes». No les han hecho ni puto caso. No sirve de nada que trabajemos desde los ayuntamientos con niños y niñas para que luego venga la Comunidad de Madrid y haga un uso torticero de ellos y ellas. Es una frustración muy grande».
Arantxa García, de Save The Children: «La Ley de Infancia debería abordar mejor el acogimiento familiar, dejarlo mejor atado, mejor articulado, y la parte que tiene que ver con niños y adolescentes en conflicto con la ley nos parece que ha quedado fuera del texto, no sabemos cómo se va a regular y eso nos preocupa bastante».
José Ramón García, de Injucam: «En la Ley del Menor echamos en falta que en el proceso de su creación no haya habido elementos de consulta para que los niños y niñas hubieran tenido conocimiento de la misma y hubieran podido hacer aportaciones».
«No sirve de nada que trabajemos desde los ayuntamientos con niños y niñas para que luego venga la Comunidad de Madrid y haga un uso torticero de ellos»
Beatriz Peñalver (Ayuntamiento de Fuenlabrada)
Sergio Aguado, de Unicef: «Hemos visto que en el primer borrador de la Ley de Infancia existía una mención a «la menor injerencia posible de las administraciones públicas», que en la tramitación para su exposición en la Asamblea se ha traducido en «la mínima intervención de la administración», y consideramos que no es necesaria esta mención, pues puede entrar en contradicción con el interés superior de cada niño y cada niña».
Adriana de la Osa, de Familias Para la Acogida: «Nuestras enmiendas van en tres direcciones: una, la defensa de los derechos de los niños y adolescentes privados de cuidado parental; dos, la transformación del sistema de protección, que está claro que no funciona; y tres, los apoyos a las familias de acogida, pero apoyos reales».
Francisca Mora, concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio: «Yo haría hincapié en las ayudas a los mayores. La Comunidad no ha sido capaz de prevenir la situación de los mayores con familias que se han quedado en exclusión y que, con una pensión mínima, dependen económicamente de ellos».
Ana Lima, del Foro de Servicios Sociales de Madrid: «Esta Ley no ha tenido en cuenta la situación real de la ciudadanía madrileña, e incluso hemos vivido cómo se niega la situación de pobreza de muchos ciudadanos, y con esa perspectiva se ha hecho una ley que es un cascarón vacío, que no reconoce los servicios sociales como servicios esenciales».
Berta Lago, de Marea Naranja: «Nos parece que no han partido de un diagnóstico que existía. Esta Ley no tiene desarrollo reglamentario ni calendario de desarrollo, por lo cual hay que temer que ocurra lo mismo que con la anterior, y cuando habla, incluso de temas muy importantes, lo lleva todo a Consejo de Gobierno o a la Consejería, dejándolos fuera de debate en la Asamblea».
Eva Martín, trabajadora social en Arganda del Rey: «La ciudadanía tiene derecho a una atención digna, y no se puede atender dignamente si estamos haciendo papeleos para certificarlo todo. Hemos vuelto atrás».
«El principal problema de esta ley es quien nos gobierna. Así que debemos empezar a hablar de una enorme contestación ciudadana».
Rafel Escudero (Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid)
Carmen López, de Marea de Residencias: «Puedo exponeros lo que está ocurriendo dentro de las residencias y lo que ha habido hace dos años: la muerte, el asesinato, el abandono de los mayores, sobre el que han echado una losa de cemento para que no se sepa. Desde Marea de Residencias estamos luchando para que se reabra la comisión de investigación, necesitamos que esta sociedad sepa lo que ha ocurrido, cerrar el duelo de muchos familiares. La Comunidad de Madrid ha sido muy cruel. Necesitamos una ley, de marco estatal, que proteja a estas personas».
Javier Luengo, Cermi Madrid: «Esta ley es una oportunidad desaprovechada. Aquí se ve la riqueza que hay en el tejido asociativo de la Comunidad de Madrid, la riqueza de las enmiendas que se han presentado, y dice mucho el hecho de que no hayan querido escuchar ninguna, no querer escuchar a la ciudadanía ni a la gente que realmente sabe de servicios sociales porque los vive todos los días. Es un texto poco valiente. Decepciona».
Rafael Escudero, Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid: «El primer objetivo que debería haber abordado esta ley es el equilibrio entre municipios, el cual debe nacer de una serie de cálculos específicos que compensen a los ayuntamientos con menos capacidad económica y que no convierta a la Consejería en la «visa oro» del Ayuntamiento de Madrid. Esta ley es el sueño del señor Lasquetty, quien privatizó la sanidad pública y ahora quiere hacerlo con los servicios sociales. El principal problema de esta ley es quien nos gobierna. Así que debemos empezar a hablar no sólo de enmiendas, aportaciones y otros debates de despacho (necesarios, nadie lo duda), sino también de movilización, porque esto no se para en el momento en el que estamos si no se hace con una enorme contestación ciudadana».
Miguel Ángel Vázquez, Pladigmare: «Esta ley abre la veda para que, efectivamente, las personas que están en residencias tengan menos derechos que cualquier otra. Esta ley establece dos clases de derechos: unos para toda la red de servicios sociales y otros más específicos para las residencias privadas, y esto es insostenible desde el punto de vista constitucional. Esta ley establece las ratios en las residencias a voleo, y las ratios marcan la diferencia entre vivir con dignidad en una residencia o convertir tu vida en un infierno».
José Manuel Íñiguez, de CCOO Madrid: «Se cacarea que esta es un región rica; bueno, pues es una región rica en la que hay muchos pobres. Efectivamente, la Ley de Servicios Sociales no se puede enfocar al mundo de la pobreza, pero tampoco se puede olvidar de ella. Hay que intentar desarrollar políticas que ayuden a seres humanos a incorporarse de alguna manera al mundo social. Y esta ley no va por ahí».
Juan Calle, UGT Madrid: «Esta Comunidad no tiene un plan para atender adecuadamente a los niños y niñas que lo necesitan. El proyecto de ley de Infancia está lleno de lugares comunes, de generalidades, de buenas intenciones. Les interesa no concretar, porque toda planificación les quita margen de maniobra, y su maniobra es económica y mercantil».
