ESCUCHA MADRID / Servimedia
Las portavoces del PSOE y Más Madrid en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, y Rita Maestre, respectivamente, cargaron este lunes contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tras salir a la luz algunas de las actas redactadas por la Policía Municipal en las residencias de la región durante la pandemia.
Maestre publicó en sus redes sociales algunas de las actas de inspección de la Policía Municipal, en las que, según explicó, se reconoce que “los protocolos de la vergüenza provocaron muertes que podrían haberse evitado”. En ese sentido, señaló a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la falta de respuesta ante el grito de “auxilio” de las residencias.
Asimismo, señaló a Almeida por haber recibido las actas de la Policía Municipal y no haber hecho nada al respecto, por lo que le exigió “explicaciones en el Pleno” ante una conducta que consideró “moralmente reprobable”.
Por su parte, Maroto se sumó a la petición de responsabilidades, y comunicó que esta tarde visitará a algunos de los afectados por esta situación. En esa línea, denunció “las condiciones lamentables” de las residencias en Madrid, en las que, según explicó, “faltan cerca de 9.000 plazas”. Añadió que Ayuso es la que “aprobó los protocolos de la vergüenza” pero calificó de “cómplice” a Almeida. “Los familiares se merecen que se conozca qué pasó, y que se depuren responsabilidades y que la señora Ayuso deje de utilizar su mayoría absoluta para ocultar los hechos”, sentenció.
Almeida reprocha el 8M
Almeida respondió a las críticas este lunes y reprochó que “están pidiendo responsabilidades, aquellos que acudieron a una manifestación el 8 de marzo con guantes de látex” y que “sabían lo que se venía encima”. Además, argumentó, “el Gobierno de Pedro Sánchez le pidió al Gobierno de la Comunidad de Madrid que no tomara medidas” cuando el ejecutivo de Ayuso “anticipó las medidas que posteriormente tuvo que tomar el Gobierno de Pedro Sánchez”.
En esa línea, lamentó que años después la oposición venga a “tirar los muertos a las caras del Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento” incurriendo así en “la instrumentalización del dolor de las víctimas”.
