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Un total de doscientas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo acudieron este miércoles a la Asamblea de Madrid, donde medio centenar de ellas trasladaron sus necesidades y propuestas ante los diputados del Parlamento regional.
La sesión comenzó con las palabras de bienvenida de la presidenta de la cámara, Eugenia Carballedo, y del presidente de Plena Inclusión Madrid, Tomás A. Sancho, quien destacó la importancia de las propuestas ante la próxima elaboración de los programas electorales para los comicios de 2023.
Sancho pidió a los representantes parlamentarios que en el calor del debate político no olviden las necesidades de quienes más apoyos necesitan y para lograr una sociedad «donde las diferencias sumen y la igualdad de oportunidades se convierta en una realidad».
Inaugurada la sesión, Jorge Alonso y Mar Sobrado, dos jóvenes con discapacidad intelectual que forman parte de la Junta Directiva de Plena Inclusión Madrid, actuaron como presidente y vicepresidenta por un día.
Las personas con discapacidad intelectual que intervinieron llamaron la atención sobre la necesidad de que las próximas elecciones autonómicas y municipales respeten los criterios de accesibilidad cognitiva, tal y como recoge la reciente modificación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, Raquel Urgencio y Silvia Barrios pidieron hacer accesible la consulta del censo electoral, las publicaciones y documentos relacionados con los programas y las campañas electorales y los propios colegios y las papeletas, mediante la señalética.
Por otro lado, los oradores con discapacidad denunciaron también el sobrecoste que genera en su día a día el tipo de apoyos que requieren para tener una vida autónoma, dado que estos apoyos son en buena parte personas cuyo trabajo es costeado por estas propias personas o sus familias.
También exigieron medidas para facilitar su inserción en el mercado laboral y combatir el alto desempleo del colectivo, como sancionar a aquellas empresas que incumplan la cuota de empleo reservado, y pidieron más servicios de vida independiente -mayor número de pisos tutelados frente a plazas residenciales, apoyos y oficinas para la vida independiente y para la asistencia personal-.
En relación a la movilidad personal, las personas intervinientes reclamaron la creación de una tarjeta de transporte única y a un precio asequible para las personas con discapacidad intelectual de toda la Comunidad de Madrid. Mario Garcia reclamó un acuerdo entre el Consorcio de Transportes, ayuntamientos, Renfe y Comunidad que unifique y facilite el tipo de títulos y precios de transportes existentes.
Ante la previsión de la sustitución de las tarjetas de transporte existentes en la actualidad por una aplicación móvil, Loli de la Torre solicitó a los diputados que tengan presente las barreras que esto puede generar a personas que no tienen dispositivos móviles o que no saben usarlo. Varios de ellos pidieron que la tarjeta física no se elimine en su totalidad.
